El bloque de diputados nacionales de la Unión Cívica Radical (UCR) y el legislador Gerardo Milman presentaron proyectos de declaración para rechazar el fallo de la jueza neoyorquina Loretta Preska, quien ordenó al Estado argentino entregar el 51% de las acciones de YPF como parte de pago por la expropiación de 2012, por una suma cercana a USD 16.000 millones.

El proyecto encabezado por el diputado Lisandro Nieri considera que esta decisión judicial extranjera “compromete gravemente la soberanía nacional y el patrimonio público” y constituye una “inaceptable intromisión en los asuntos internos del país”. La declaración subraya que el fallo viola tratados internacionales y desconoce la Ley 26.741, que exige autorización del Congreso con mayoría agravada para cualquier transferencia de acciones expropiadas.

“La jueza Preska pretende sortear ese requisito legal, sugiriendo que Argentina puede modificar su legislación o negociar, lo que es una clara intromisión en competencias propias del Poder Legislativo Nacional”, advierten.

Además de Nieri, firmaron el proyecto legisladores como Julio Cobos, Karina Banfi, Fabio Quetglas y Soledad Carrizo, entre otros.

Por su parte, Gerardo Milman, cercano a Patricia Bullrich, también repudió el fallo y apuntó contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el ex viceministro de Economía Axel Kicillof por haber ejecutado una expropiación “sin respetar el estatuto de YPF ni realizar una oferta pública de adquisición”, lo que según él generó un “perjuicio económico monumental para el país”.

Milman calificó la sentencia como una “grave intromisión judicial extranjera” que desconoce el orden constitucional argentino y pidió que la Justicia argentina avance contra los funcionarios responsables de la maniobra original.

Ambos proyectos coinciden en que la entrega de acciones no puede realizarse sin la intervención del Congreso, y plantean que la decisión de la jueza Preska vulnera la soberanía, el derecho internacional y la división de poderes.