El organismo internacional alertó sobre litigios que podrían costarle al país más de 30.000 millones de dólares y pidió acelerar las negociaciones para resolverlos.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) expresó su preocupación por la creciente cantidad de juicios internacionales que enfrenta Argentina, los cuales representan un riesgo legal estimado en 30.000 millones de dólares. A pesar de valorar los esfuerzos del Gobierno para resolver estos conflictos, el organismo instó a avanzar con mayor celeridad en las negociaciones para mitigar los riesgos legales y financieros a mediano plazo.

Durante la revisión del acuerdo firmado en abril, el staff del FMI abordó la cuestión de las deudas contingentes. En ese marco, si bien reconocieron que el Gobierno actúa con buena fe, remarcaron que es urgente resolver los litigios abiertos, destacando el potencial impacto que podrían tener sobre la estabilidad económica del país.

Uno de los casos más graves es la demanda por la expropiación de YPF, en la que Argentina fue condenada a pagar 16.100 millones de dólares. Aunque el fallo aún no está firme debido a una apelación en curso, el FMI consideró este conflicto como un riesgo clave a resolver. Otro caso relevante es el del Cupón PBI, en el que una sentencia firme en Londres obliga al país a pagar 1.300 millones de euros, tras haber manipulado estadísticas durante el kirchnerismo.

El organismo también puso el foco en otros litigios en proceso, como el de los holdouts de la deuda de 2001 —quienes no aceptaron los canjes—, con una exposición estimada de 2.400 millones de dólares. Además, continúa la negociación con la empresa Mobil Exploration, que obtuvo un fallo favorable en el CIADI por 196 millones, vinculado a la pesificación de principios de siglo.

Pese a estos riesgos, el FMI señaló que los fondos destinados al país cuentan con salvaguardas adecuadas y que, por el momento, las disputas legales no afectan de manera directa el programa de reformas impulsado por el Gobierno. No obstante, reiteró la necesidad de acelerar los acuerdos y reforzar la estrategia de manejo de la deuda para evitar que estos juicios se transformen en un obstáculo para la recuperación económica.