El ministerio que conduce Mariano Cúneo Libarona adjudicó un contrato por $648,8 millones en boletos y asistencia al viajero, pese a que había una oferta $34 millones más barata. La falta de un precio testigo y el alto nivel de comisiones generan dudas sobre posibles sobrecostos.

El 14 de agosto, el Ministerio de Justicia cerró una licitación por $648.779.200 para la compra de pasajes aéreos, terrestres, internacionales y asistencia al viajero. Aunque la segunda oferta presentada era casi $34 millones más económica, la cartera optó por priorizar criterios técnicos. El expediente no incluyó un precio testigo ni un desglose claro de fees y comisiones, lo que abre interrogantes sobre el verdadero costo que asumirá el Estado.

La contratación se realizó bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, con vigencia de 12 meses prorrogables. Este esquema permite extender el gasto hasta 2026 sin reabrir la licitación, brindando flexibilidad administrativa pero también reduciendo transparencia frente a la evolución de precios del mercado. En los pliegos se establecen servicios complementarios y la posibilidad de incorporar ampliaciones dentro de los topes, lo que podría implicar mayores costos a futuro.

El detalle económico es llamativo: además de los boletos —$255 millones en vuelos nacionales, $250 millones en internacionales, $30 millones en ómnibus y trenes, y $34,5 millones en asistencia al viajero—, la agencia adjudicataria cobrará comisiones adicionales. Estas ascienden a $76.230 por cada pasaje aéreo nacional, $91.476 por los internacionales, $25.410 por boletos terrestres y $38.115 por cada trámite de asistencia. En total, los fees representan casi $79 millones del contrato.

La empresa ganadora fue Sudameria Incoming Solutions SRL, que obtuvo 90 puntos en la evaluación técnica contra los 80 de ITS International Travel Services SA, la oferente más barata. La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) informó que no pudo establecer un precio testigo de referencia, lo que eleva el riesgo de sobreprecios. Pese a ello, no se registraron impugnaciones al dictamen.

El contrato exige a la adjudicataria proveer un software integral de reservas globales, atención 24/7, gestión “offline” de pasajes cuando no haya disponibilidad online y un ejecutivo de cuenta exclusivo para el ministerio. También se incluyen coberturas médicas extendidas y reportes periódicos de gastos. La disposición implica comprometer partidas de 2025 y 2026, condicionando a la próxima administración en un rubro que debería responder a necesidades coyunturales.