El fiscal ante la Cámara Federal solicitó dejar al ex presidente con falta de mérito mientras se profundizan las investigaciones. Los jueces resolverán tras finalizar las audiencias de los demás procesados.

El fiscal José Luis Agüero Iturbe pidió este martes a la Cámara Federal porteña revocar el procesamiento del ex presidente Alberto Fernández en la causa Seguros y dejarlo con falta de mérito. La solicitud se realizó durante una audiencia a la que Fernández asistió acompañado de su abogada, Mariana Barbitta.

Según el fiscal, la revocación permitirá ampliar la investigación con nuevas medidas de prueba sobre la participación del ex mandatario en la maniobra investigada. La decisión definitiva quedará en manos de los jueces Eduardo Farah, Martín Irurzun y Roberto Boico, quienes resolverán cuando concluyan las audiencias de los demás procesados.

La defensa de Fernández también reclamó la nulidad del procesamiento por supuesta violación al derecho a defensa. En julio pasado, la Corte Suprema había rechazado un recurso del ex presidente para apartar al juez Julián Ercolini, indicando que la presentación “no se dirigía contra una sentencia definitiva”.

Actualmente, la causa está a cargo del juez Sebastián Casanello, tras el fallecimiento del titular del Juzgado Federal 11, Claudio Bonadio. Casanello procesó a Fernández por “negociaciones incompatibles con la función pública”, delito que prevé hasta seis años de prisión, al considerar que intervino para favorecer los negocios del broker de seguros Héctor Martínez Sosa.

Fernández había solicitado en 2024 el apartamiento de Ercolini, alegando parcialidad y una “venganza disfrazada de causa penal”. El juez rechazó la recusación y negó cualquier enemistad con el ex presidente, quien afirmó que su vínculo previo con Ercolini se rompió cuando el magistrado avanzó con causas contra el kirchnerismo.

El caso investiga presuntas maniobras de expansión de los negocios de Martínez Sosa con el Estado, mientras Fernández ocupaba la presidencia, y constituye uno de los ejes de los cuestionamientos sobre su actuación en la función pública.