Gendarmería irrumpió en oficinas y propiedades de Gastón Salmain y del escribano Santiago Busaniche. La investigación apunta a una red judicial ligada al narcotráfico y al exmagistrado Marcelo Bailaque.

En el marco de una causa por presunta corrupción judicial con conexiones con el narcotráfico, efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina allanaron el despacho del juez federal de Rosario Gastón Salmain y varias propiedades vinculadas al escribano Santiago Busaniche, señalado como operador en maniobras ilícitas.

Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal Eduardo Rodríguez Da Cruz y se realizaron en Rosario y Santa Fe. Durante los operativos se incautaron documentos y dispositivos electrónicos, entre ellos el teléfono celular de Busaniche, que será peritado por los investigadores.

La investigación tiene como principal acusado al exjuez federal Marcelo Bailaque, actualmente bajo prisión domiciliaria. Está imputado por prevaricato, extorsión, dádivas, incumplimiento de deberes y lavado de activos. El expediente es impulsado por fiscales de Rosario con el apoyo de las procuradurías PROCELAC y PROCUNAR, en el marco del nuevo sistema acusatorio.

El caso tomó impulso a partir de las declaraciones de dos arrepentidos: el financista Fernando Whpei y el exdirector de ARCA Santa Fe Carlos Vaudagna. Este último admitió que junto a Bailaque y Whpei extorsionaron al agente de bolsa Claudio Iglesias con una causa falsa por lavado de dinero en 2019, mediante una denuncia fabricada.

En el teléfono de Vaudagna, se hallaron conversaciones con Busaniche y Salmain, lo que derivó en la ampliación de la pesquisa. Los investigadores sospechan de una relación de favores entre Salmain y Vaudagna, incluso en el proceso de designación del juez en 2023, hecho que también analiza el Consejo de la Magistratura de la Nación.

La justicia busca determinar el alcance completo de la trama y la posible participación de más personas. En la causa también está imputado el abogado Guillermo Zenklusen. Según Iglesias, los involucrados le exigieron 200 mil dólares para desvincularlo de la causa, de los cuales habría pagado 160 mil. El expediente se cerró dos años después.