El proceso oral por presuntos sobornos en la obra pública durante los gobiernos kirchneristas comenzará este jueves. La justicia aceptó como prueba las confesiones de 25 imputados colaboradores.

El próximo jueves comenzará el juicio oral por la causa conocida como “Cuadernos”, que investigará un supuesto esquema de cobro de coimas ligado a la adjudicación de obra pública entre 2003 y 2015. En total, serán juzgados 87 acusados, entre ellos la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, exfuncionarios y empresarios.

El proceso estará a cargo del Tribunal Oral Federal N.° 7, integrado por Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli. Las audiencias se realizarán los jueves de 9:30 a 13:30 de manera virtual, con algunas instancias transmitidas por YouTube. La fiscal general Fabiana León conducirá la acusación, acompañada por la Unidad de Información Financiera como querella.

Según la investigación, el caso se originó a partir de los registros del exchofer Oscar Centeno, donde habría documentado supuestos pagos ilegales de empresarios a funcionarios. La justicia también analizará presuntas irregularidades en contratos ferroviarios y viales, además de una posible cartelización de licitaciones.

La principal acusada es Fernández de Kirchner, señalada como jefa de una presunta asociación ilícita y acusada de cohecho pasivo. Junto a ella serán juzgados 19 exfuncionarios, entre ellos el exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, además de dos choferes y 65 empresarios.

El tribunal admitió como prueba las declaraciones completas de 25 arrepentidos. Entre ellos figuran el propio Centeno, Carlos Wagner, Aldo Roggio, Juan Chediack, Héctor Zabaleta, Ángel Calcaterra, José López, Enrique Pescarmona, Francisco Valenti, Alberto Taselli, Claudio Uberti, Ernesto Clarens y otros involucrados en firmas de la construcción, energía y concesiones viales.

El juicio avanzará tras el rechazo de más de veinte recursos presentados por la defensa de la expresidenta y otros implicados. En paralelo, un grupo de empresarios ofreció una reparación económica cercana a los USD 40 millones para intentar evitar el proceso, una alternativa que deberá ser evaluada durante el debate.