En un contexto marcado por recortes presupuestarios y ajustes significativos que el Servicio Nacional de Manejo del Fuego viene atravesando desde hace dos años, las capacidades operativas y de prevención de incendios se han visto afectadas, generando preocupación entre especialistas y autoridades locales sobre la respuesta frente a episodios de riesgo extremo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta por peligro extremo de incendios que afecta a casi todo el país, incluyendo Patagonia, la Provincia de Buenos Aires, la Región Centro y parte del Litoral, mientras que en algunas zonas del Norte y de Cuyo el riesgo se considera máximo. La advertencia genera preocupación debido al desfinanciamiento que atraviesa el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, organismo encargado de coordinar los recursos para la prevención y el combate de incendios.

En Argentina, el peligro de incendios se evalúa mediante el Fire Weather Index (FWI), un índice meteorológico desarrollado en Canadá que estima el comportamiento potencial de un incendio en su momento más crítico del día, generalmente a las 16 horas. Este cálculo diario se realiza a partir de datos de temperatura, humedad, viento y precipitaciones, y combina indicadores sobre el estado de los combustibles vegetales y la velocidad de propagación del fuego. Los valores obtenidos varían según la región, por lo que se utilizan umbrales estadísticos para clasificar el riesgo en diferentes niveles: bajo, moderado, alto, muy alto y extremo.

El contexto actual es especialmente preocupante debido a los fuertes recortes presupuestarios que sufrió el Servicio Nacional de Manejo del Fuego desde diciembre de 2023. Según un informe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), para 2026 se le asignaron $20.131 millones, lo que representa una caída real del 69% respecto a 2023 y del 53,6% respecto a 2025. Además, la reducción de fondos se acompaña de una disminución en los informes de alerta temprana y de evaluación de peligro de incendios, pasando de 2.310 informes previstos en 2025 a apenas 1.850 en 2026, lo que compromete la capacidad preventiva frente a posibles siniestros.