Así lo señala el más reciente informe elaborado por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), basado en datos correspondientes al año 2024, donde se analizan las principales situaciones vinculadas a esta problemática en el país.

Durante 2024, más de cuatro mil niños, niñas y adolescentes estuvieron vinculados al sistema penal juvenil en Argentina, de acuerdo con el último informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. El documento describe cuántos menores atravesaron situaciones de encierro o estuvieron sujetos a medidas penales, en un contexto marcado por el debate sobre la posible baja de la edad de imputabilidad y el tratamiento del proyecto en el Congreso.

Al cierre del 31 de diciembre de 2024, el total ascendía a 4.119 jóvenes dentro del ámbito penal juvenil. De ese grupo, 3.249 cumplían medidas penales en territorio, 865 estaban en dispositivos de privación o restricción de la libertad, cuatro permanecían bajo prisión domiciliaria y en un caso no se contaba con datos sobre la modalidad de intervención. Esto refleja que la mayoría recibió medidas judiciales sin encierro, basadas en acompañamiento, seguimiento y trabajo con redes sociocomunitarias.

Si bien el informe muestra una tendencia general a la baja durante el año, se observó un leve incremento en la cantidad de menores bajo privación de libertad. El sistema penal juvenil dispuso de 174 dispositivos en todo el país: 75 destinados a medidas en territorio y 99 vinculados al encierro, entre ellos centros de privación de la libertad, espacios de restricción y dispositivos de aprehensión especializada. En cuanto a los delitos, predominaron los vinculados contra la propiedad, seguidos por los delitos contra las personas y contra la integridad sexual.

El documento también advierte sobre la presencia de menores de 16 años dentro del sistema penal juvenil. Se registraron 48 jóvenes de entre 12 y 15 años institucionalizados por razones penales, la mayoría en lugares de encierro, pese a que la legislación vigente los considera no punibles y establece que deberían ser abordados por el sistema de protección integral de derechos. La tasa nacional de encierro fue de 1,8 jóvenes cada 100.000 habitantes, con Córdoba, Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires por encima del promedio. Más del 60% de quienes estaban privados de libertad tenían entre 16 y 17 años, y más del 30% continuaba bajo medidas judiciales incluso después de haber cumplido los 18.