En medio de sus cuestionamientos al nuevo sistema nacional de licencias, el organismo aclaró que no interviene en la definición de los valores que deben pagar los conductores. En ese sentido, remarcó que su tarea se limita a cumplir con las funciones que le fueron delegadas por el Estado nacional, por lo que no tiene injerencia en la fijación de aranceles ni en la política de precios aplicada al trámite. 

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires aclaró que no tiene participación en la fijación de los costos para obtener o renovar las licencias nacionales de conducir profesionales, luego de los cambios implementados por el sistema nacional. A través de un comunicado del Ministerio de Transporte bonaerense, explicó que los valores son definidos y cobrados por cada prestador habilitado, mientras que la Provincia únicamente cumple las funciones que le fueron delegadas por el Estado nacional para la emisión de estas licencias.

El organismo señaló que las modificaciones fueron establecidas por el Gobierno nacional mediante el Decreto 196/2025 y la reglamentación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Entre los principales cambios figura la eliminación de la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI), cuya habilitación quedó incorporada a las licencias profesionales de las clases C, D y E. Además, las evaluaciones psicofísicas, las capacitaciones y los exámenes teórico-prácticos deben ser realizados exclusivamente por prestadores autorizados por la ANSV, sin que exista una tarifa de referencia fijada a nivel nacional.

Frente a las dificultades que presenta la implementación del nuevo esquema, especialmente por la escasa cantidad de prestadores habilitados en algunas regiones, la Provincia resolvió otorgar una prórroga excepcional de 60 días para el vencimiento de las licencias alcanzadas por el régimen. Finalmente, el Ministerio de Transporte ratificó su compromiso con la seguridad vial y expresó su preocupación porque el nuevo sistema deja a los conductores sujetos a un mercado privado sin precios regulados, lo que podría generar importantes diferencias en los costos y dificultar el acceso al trámite en distintas zonas del país.