Así lo señala el más reciente informe elaborado por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), dado a conocer en enero de 2026, en el que se advierte sobre el crecimiento sostenido de la población privada de la libertad y se detallan las condiciones generales del sistema penitenciario en todo el país.

Argentina alcanzó el nivel más alto de encarcelamiento de su historia, de acuerdo con el último informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura publicado en enero de 2026. El documento analiza el crecimiento sostenido de la población penitenciaria, los niveles de ocupación en las distintas jurisdicciones, el perfil judicial y social de las personas privadas de la libertad y la situación de quienes se encuentran detenidos bajo medidas de seguridad vinculadas a la salud mental.

Según el relevamiento, al cierre de 2024 había 121.443 personas privadas de la libertad en todo el país, lo que representa una tasa de 258 detenidos cada 100.000 habitantes, la más elevada registrada hasta el momento. Este indicador se ve impulsado por cifras particularmente altas en provincias como Córdoba, que encabeza el ranking, seguida por Mendoza, Buenos Aires, Santa Fe y Salta, todas con tasas que superan ampliamente el promedio nacional.

El informe señala que en los últimos 25 años la población carcelaria creció a un ritmo promedio del 6 % anual, con la única excepción de 2020, cuando se produjo una baja vinculada a la pandemia. En 2024, el aumento fue aún mayor y alcanzó el 7,1 %. A pesar de la ampliación de plazas penitenciarias en varias provincias, los niveles de sobrepoblación no lograron revertirse y el sistema funciona, en promedio, por encima del 130 % de su capacidad.

En la última década, la cantidad de personas detenidas en cárceles aumentó casi un 68 %, con incrementos muy desiguales entre provincias. Santa Fe, Santiago del Estero y Córdoba registraron los mayores saltos porcentuales, llegando a duplicar su población penitenciaria. El estudio también detalla que la mayoría de las personas encarceladas se encuentran condenadas, aunque persisten fuertes diferencias entre jurisdicciones, y que los delitos contra la propiedad concentran la mayor proporción de las causas, seguidos por los delitos contra las personas y contra la integridad sexual.