Guillermo Lindow, detenido en Córdoba, será entregado a la justicia mexicana por delitos vinculados a pornografía infantil y abuso sexual. El fallo del máximo tribunal confirmó la decisión de primera instancia.

La Corte Suprema de Justicia confirmó la extradición a México de Guillermo Gustavo Lindow, un ciudadano argentino-español acusado de haber abusado de una adolescente de 14 años a quien conoció por Facebook. El hombre, de 48 años, había entablado contacto con la víctima a través de la red social, le solicitó fotos íntimas y luego viajó al país para concretar el abuso, según la acusación.

El caso se inició cuando el juzgado penal del Primer Partido Judicial de Villa de Álvarez emitió una orden de captura internacional por los delitos de turismo sexual, pornografía y estupro, que en México tienen penas de entre 7 y 12 años de prisión. Lindow fue detenido en el aeropuerto de Córdoba durante una visita familiar, tras haber residido varios años en España.

Durante el juicio de extradición, la fiscalía federal respaldó el pedido de las autoridades mexicanas por la gravedad de los hechos y el riesgo de prescripción. La defensa, en cambio, cuestionó la solicitud al alegar que el delito de turismo sexual no figura en el Código Penal argentino y que el grooming aún no estaba tipificado cuando ocurrieron los hechos, en 2011.

El juez federal Alejandro Sánchez Freytes concedió parcialmente la extradición por el delito de pornografía, decisión que ahora fue ratificada por la Corte Suprema, integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El máximo tribunal también ordenó comunicar a México el tiempo que Lindow lleva detenido para que se compute en su eventual condena.

La resolución se apoya en tratados internacionales de cooperación judicial y protección de los derechos humanos, que obligan a los Estados a colaborar en la persecución de delitos sexuales contra menores.

Con el fallo firme, el Ministerio de Relaciones Exteriores deberá coordinar con México los pasos para concretar la entrega. El caso vuelve a poner en el centro del debate la vulnerabilidad de niños y adolescentes frente a delitos sexuales cometidos en entornos digitales y la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención y control.